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Delito de Administración desleal

Hoy en día es cada vez más frecuente el encontrarnos con delitos encuadrados dentro del marco de las empresas y relaciones mercantiles. En este caso venimos a hablar de la “Administración Desleal” como concepto jurídico.

¿Dónde está regulado este delito?
El art. 252.1 del Código Penal dice que “serán punibles con las penas (…), los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”.
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¿Qué es la administración desleal?
Antes que nada, hay que destacar que el delito de administración desleal es un delito patrimonial y contra el orden socioeconómico. Los administradores se caracterizan porque el titular del patrimonio les da poderes muy similares a los que tienen ellos para que dispongan del mismo frente a terceros y lo gestionen internamente. Pueden realizar negocios jurídicos en nombre del titular que les vinculan: vender, comprar, gravar, contraer todo tipo de obligaciones, etc. Además, generalmente pueden ordenar internamente cómo van a utilizarse los activos patrimoniales.
A los administradores, el ordenamiento jurídico les impone una serie de normas de comportamiento y deberes muy estrictos y les pide que velen y que salvaguarden el patrimonio ajeno.
En el caso de los administradores de sociedades, para que exista administración desleal el autor debe de actuar prevaliéndose de sus poderes actuando como un enemigo interno de la empresa, por ejemplo, usando indebidamente el dinero de las tarjetas de la empresa.
No se exige ánimo de lucro, basta el dolo genérico de actuar con el conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona.

¿Cómo define la jurisprudencia este delito?
STS nº 163/2016 de 2 de marzo: “la más reciente doctrina jurisprudencial que establece como criterio diferenciador entre el delito de apropiación indebida y el de administración desleal la disposición de los bienes con carácter definitivo en perjuicio de su titular (caso de la apropiación indebida) y el mero hecho abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular, pero sin pérdida definitiva de los mismos (caso de la administración desleal), por todas STS 476/2015, de 13 de julio. En consecuencia, en la reciente reforma legal operada por la LO 1/2015, el art 252 recoge el tipo de delito societario de administración desleal del art 295 derogado, extendiéndolo a todos los casos de administración desleal de patrimonios en perjuicio de su titular, cualquiera que sea el origen de las facultades administradoras (…)”
SAN nº1/2018 de 11 de enero: “por ello, quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlos, y realiza actuaciones para las que no había sido autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado, comete un delito de administración desleal".

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¿Qué pena aplicamos para este delito?
El art. 252 del CP remite para el establecimiento de la pena a los artículos 249 y 250 del mismo texto legal.
Por lo tanto, el art. 249 dice que se castigará con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, en atención a las siguientes circunstancias:
- Importe de lo defraudado;
- Daño económico causado al perjudicado;
- Las relaciones entre la víctima y el autor del delito;
- Los medios empleados para la comisión del delito;
- Cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

En atención al art. 250 del Código Penal, se impondrá la pena de 1 a 6 meses y multa de 6 a 12 meses en los siguientes supuestos:
- Que recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social;
- Que se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase;
- Que recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico;
- Que revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia;
- Que el valor de la defraudación supere los 50.000.-€, o afecte a un elevado número de personas;
- Que se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional;
- Que se cometa estafa procesal;
- Que al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo.

También puede darse el caso de cometerse delito leve de administración desleal, y está recogido en el art. 252 del Código Penal, aplicable cuando el valor económico del perjuicio sea inferior a 400.-€, que viene a sustituir a la antigua falta ya derogada. La penalidad prevista para el delito leve es de multa de 1 a 3 meses.