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La prisión provisional

En el post de hoy venimos a hablar de la “prisión provisional” un concepto cada vez menos teórico y que se va aplicando con mayor asiduidad.

¿Qué es la prisión provisional y cuando se puede adoptar?
Es una medida cautelar que consistente en la privación de libertad del investigado o encausado. Puede ser adoptada durante la tramitación de un proceso penal con la finalidad de asegurar la presencia de aquél en el proceso, de evitar el peligro de destrucción de pruebas, de evitar el riesgo de actuación contra bienes jurídicos de la víctima o de evitar la reiteración delictiva.
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La prisión provisional se desarrolla dentro del marco derivado de dos derechos fundamentales: la libertad personal y la presunción de inocencia. En un Estado social y Democrático de Derecho, la libertad personal no es sólo un valor superior del Ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la CE), sino además de un derecho fundamental (art. 17 de la CE), cuya transcendencia estriba precisamente en ser presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales.
De hecho, la regla general del sistema jurídico español es la libertad del investigado o encausado, mientras que la prisión provisional es la excepción (principio de favor libertatis o in dubio pro libertate).

¿Cuánto tiempo dura?
El art. 504.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que “la prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción”.

¿Qué motivos llevan a decretar Prisión Provisional?
Siempre tienen que ser motivos justificados, y además el Tribunal Constitucional exige un específico y reforzado deber de motivar las resoluciones judiciales en varios supuestos: cuando se vean afectados derechos fundamentales; cuando se trata de desvirtualizar la presunción de inocencia; cuando se atañe de alguna manera a la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico; y cuando el Juez se aparta de sus precedentes.

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¿Cuándo adoptamos la mediada?
La normativa procesal exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que pueda ser adoptada la medida de prisión provisional:
1. Fumus boni iuris. Resulta exigible una apariencia de buen derecho, es decir, que existan indicios de que se ha cometido un hecho que reviste los caracteres de un delito y de que es autor la persona contra quien se dirige la medida (art. 503 de la LECrim).
2. Persecución de fines constitucionales legítimos. Esto es:

a. Para asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso; hay que evitar racionalmente el riesgo de fuga. Hay que revisar los hechos concretos investigados, los antecedentes del sujeto, es decir, que se hayan dictado dos requisitorias para su llamamiento por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores.

b. Para evitar la destrucción de pruebas; para valorar la existencia de este peligro, se atenderá a la capacidad del investigado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

c. Para evitar que el investigado o encausado actúe contra bienes jurídicos de la víctima; principalmente aplicable para los supuestos de violencia doméstica. Especialmente para casos que haya existido una lesión o peligro de un bien jurídico que sea constitutivo de infracción penal.

d. Para evitar el riesgo de reiteración delictiva; para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos y para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.

3. Necesidad. Se adoptará la prisión provisional sólo cuando sea objetivamente necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.
4. Proporcionalidad en sentido estricto. Este principio tiene como finalidad la determinación, mediante la utilización de las técnicas de contrapeso de los bienes o valores y la ponderación de intereses según las circunstancias del caso concreto, de si el sacrificio de los intereses individuales que comporta la injerencia guarda una relación razonable o proporcionada con la importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar.

¿Cuál es el procedimiento para tomar esta medida?
1. Vistilla o procedimiento del art. 505 de la LECrim. Cuando el detenido fuese puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretase su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional sin fianza. Deberá celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial.
2. Decisión judicial. Una vez celebrada la audiencia, el juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza.

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¿Cuál es la duración máxima de la prisión provisional?
Tendremos que distinguir entre dos situaciones:
La primera situación es que se decrete para evitar que se actúe contra bienes jurídicos de la víctima o para evitar la reiteración delictiva:
- No podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o superior a tres años; pudiendo prolongarse otros seis meses de forma excepcional (mediante auto del juez).
- No podrá exceder de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años; pudiendo prolongarse otros dos años de forma excepcional (mediante auto del juez).
- Si fuese condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida.
La segunda situación sería cuando la prisión provisional se hubiere acordado para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba:
- No podrá exceder de seis meses; no se puede prorrogar.
Si se acuerda la prisión provisional, ¿puede recurrirse?
Si, primero cabe recurso de reforma ante el mismo juez de instrucción que dictó la medida y también cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Este recurso debe resolverse en el plazo máximo de 30 días.